La UE fuerza a Castilla y León a quitar la ley que impide las gasolineras sin personal

La UE fuerza a Castilla y León a quitar la ley que impide las gasolineras sin personal

Menos de un año después de su entrada en vigor el pasado 25 de enero, el cambio en el Estatuto del Consumidor de Castilla y León que intentaba borrar del mapa de la Comunidad las estaciones de servicio sin personal está llamado a desaparecer y que éstas puedan volver a operar con surtidores en los que los clientes pagan en una máquina y ellos mismos repostan. Y es que la Comisión Europea ya ha advertido a España de que Castilla y León y otras cinco comunidades autónomas con normas similares contraponen la directiva comunitaria de libre competencia, por lo que se exponen a una sanción. Así que ante este panorama y el riesgo de enfrentarse a una multa, Castilla y León ya se ha puesto manos a la obra para dar la vuelta al calcetín y cambiar la normativa. Por el momento, no está definido en qué términos, pero según avanzó ayer la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, los grupos políticos de las Cortes ya «están trabajando» para redactar otra Proposición de Ley que sustituya a la que en su día impulsaron para prohibir las gasolineras desatendidas. Desde el PP, promotor en su día de la iniciativa, que contó con el respaldo de patronal, sindicatos y especialmente de la Asociación de Vendedores al por Menor de Carburantes y Combustibles de Castilla y León (Avecal), pero también con voces en contra (sobre todo de las cooperativas agrarias), confirmaron a ABC que están «trabajando» en la elaboración de ese nuevo planteamiento, aunque precisaron que la UE (Unión Europea) aún «no» ha abierto el expediente sancionador. Precisamente «evitar» la multa es lo que quiere la Junta, señaló Del Olmo, quien urgió a los grupos parlamentarios a ponerse manos a la obra, pues la norma que a día de hoy prohibe las gasolineras desatendidas se fraguó a iniciativa de los propios partidos mediante Proposición de Ley. De hecho, contó con el apoyo de PP, PSOE, Podemos e IU, mientras que Ciudadanos votó en contra y UPL se abstuvo. «Con premura» Una vez recibido el «apercibimiento» por parte del Gobierno central, el interlocutor con quien puede tratar la UE, la Junta ha dado traslado de la situación a las Cortes y «los grupos están trabajando para poder revertir la situación y que no nos sancionen», señaló Del Olmo, quien reconoció los primeros movimientos «deben ser con premura» y dar los paso para «evitar que se inicie el procedimiento sancionador». La intención es que el movimiento sea «rápido», apuntó la consejera de Economía y Hacienda, confiada en que vista la intención de enmienda de Castilla y León no se llegue a poner en marcha el procedimiento sancionador, ya que, dijo, la Comisión Europea «suele ser flexible». «Creo que simplemente con comunicar la intención de modificar esa situación no nos va a sancionar», señaló Del Olmo. Y es que el apercibimiento comunitario llega cuando las Cortes enfilan la recta final del actual periodo de sesiones y únicamente queda un pleno extraordinario (el lunes y martes para debatir y votar los Presupuestos de 2018) antes de que el Parlamento entre en periodo inhábil hasta febrero. Aunque la Comisión deja «abierta» la «posibilidad» de que se justifique el «perjuicio» que amparó el cambio en el Estatuto del Consumidor, la Junta da casi por descartada esa opción, pues cuenta con la experiencia de Italia y Grecia, que han intentado hacerlo sin éxito. El cambio normativo (aprobado en octubre de 2016 y en vigor desde el 25 de enero de este año) obliga a las estaciones de servicio a contar con «al menos una persona, debidamente formada y responsable de los servicios que prestan» durante el horario en que permanezcan abiertas, que no significa que estén obligados a descolgar la manguera y llenar el depósito. Según argumentaron para su puesta en marcha, tenía un triple objetivo: la «protección» de los derechos de los consumidores, «garantizar» el acceso a las personas con discapacidad a la hora de suministrarse el carburante y «evitar» la destrucción de empleo en un sector con más de un millón de trabajadores. De hecho, el impacto en el empleo fue uno de los principales argumentos esgrimidos desde el sector de las gasolineras, al considerar que prescindir de personal rebaja un 60% el coste del negocio y, por tanto, permite precios más baratos y una competencia que no se da en igualdad de condiciones. «Con creces» Sin embargo, la ley también contó desde el principio con sus detractores, especialmente las cooperativas agrarias, muchas de las cuales cuentan con estaciones de servicio. De hecho, el mismo día en que entró en vigor la norma, la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl) anunció su intención de reunir firmas para promover una Iniciativa Legislativa Popular para su derogación. Y justo ayer, a la vez que Economía y Hacienda reconocía que debe darse marcha atrás, Urcacyl confirmó que la Junta Electoral les ha comunicado que cuenta con las rúbricas necesarias para dar la vuelta a una norma que «está siendo muy perjudicial». Eran necesarias 15.938, el equivalente al 0,75% del censo de la Comunidad, y han reunido 17.350, por lo que consideran que superan «con creces» la cifra exigida para convertirse en la primera propuesta de este tipo en llegar al Parlamento desde que se rebajo el número de firmas requeridas. Mostraron su confianza en que el cambio se haga de forma rápida y criticaron la «falta de respuesta y la pasividad» especialmente de PP y PSOE, así como que se pusiese en marcha la norma «a pesar de conocer» que ésta «incumplía» determinadas normas de rango superior. La Junta revisará de oficio los 17 expedientes sancionadores Con 17 expedientes sancionadores a estaciones de servicio por no cumplir con la norma que desde el pasado 25 de enero les obligaba a contar con personal en el centro durante las horas de apertura. Así ha concluido, hasta el 30 de noviembre, la acción de los inspectores de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Junta de Castilla y León. En total, han realizado en diez meses 84 inspecciones, de las que derivó la tramitación de 29 expedientes sancionadores por ausencia de personal. De casi esa treintena, ha concluido el proceso en 17. De ellos, ocho afectados reconocieron los hechos y pagaron de forma voluntaria un total de 14.452,24 euros; mientras que al resto -aún no firmes- se les impuso una sanción, que ha supuesto multas por 30.900,56 euros. En total, más de 45.300 euros. Según avanzaron desde la Consejería de Economía y Hacienda, «en el caso de que la ley que ha dado lugar a estas sanciones se derogase, se procedería a la revisión de oficio de estos expedientes».

Fuente:ABC