La norma que enfrenta al sector de las gasolineras

La norma que enfrenta al sector de las gasolineras

La regulación sobre la obligatoriedad de que las gasolineras de la región dispongan de al menos un empleado en horario de atención al público es un tema que no escapa de la polémica. Las Cortes de Castilla y León aprobaron el 5 de octubre de 2016, con el apoyo de PP, PSOE, Podemos e IU, el voto en contra de Ciudadanos y la abstención de UPL, una proposición de ley que obliga a las gasolineras a contar con al menos un trabajador mientras permanezcan abiertas y en servicio, tanto en horario diurno como nocturno. La normativa, que entró en vigor el pasado 25 de enero, excluye a los surtidores de las cooperativas agrarias en caso de que suministren carburantes solo a sus socios y no a terceros.

Desde Avecal matizan: «Hay algunas que tienen una persona durante el día y que por la noche están completamente desatendidas». Y en medio de todo esto se sitúan las cooperativas agrarias, que tradicionalmente prestan en las zonas rurales un servicio atendido en horario laboral (de 8:00 a 20:00 horas) y automático fuera del mismo, y a las que ahora la ley obliga a disponer también de una persona si permanecen abiertas por la noche y en fines de semana, o abstenerse de dispensar carburante a los clientes no socios. Desde la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl), consideran que «la normativa perjudica claramente a los intereses del cooperativismo agrario, del medio rural y de los consumidores en general», como explica su director, Jerónimo Lozano.

Las gasolineras sin personal suelen atraer a los clientes permitiéndoles ahorrarse unos céntimos por cada litro de carburante. El vicepresidente de la patronal Avecal, Rafael Pizarro, advierte sin embargo de que la denominación ‘low cost’ (bajo coste) para este tipo de gasolineras no está bien utilizada, ya que «no significa que las estaciones de servicio que están desatendidas sean las más baratas». «No estamos en contra de las ‘low cost’, cada uno puede poner el precio que quiera, estamos en contra de las desatendidas», explica. A pesar de que el asunto está regulado en Castilla y León por un proyecto de ley, desde Avecal consideran que la inmensa mayoría de las instalaciones siguen incumpliendo la normativa, «incluso después de que la patronal y los sindicatos hayamos mandado una carta al presidente de la Junta y a los delegados de las nueve provincias». «Es realmente bochornoso, máxime cuando es una ley que se aprobó por el 94% de los representantes de los ciudadanos en las Cortes», exclama Pizarro, quien considera que la Junta «tiene que hacer cumplir la ley, que no es de estaciones de servicio sino de consumidores, por lo que afecta a todos los castellanos y leoneses».