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El sector rechaza el veto a Repsol en la provincia

El sector rechaza el veto a Repsol en la provincia

El Ministerio de Industria ha prohibido a la compañía petrolera Repsol abrir nuevas estaciones de servicio en Burgos al superar la cuota de mercado del 30%. La normativa sobre competencia en el sector de hidrocarburos aprobada por el Gobierno en 2013 fija este umbral para limitar la expansión empresarial de las operadoras y evitar posiciones dominantes. La decisión afecta a Repsol en 31 provincias españolas, entre las que se encuentran todas las de Castilla y León. También a Cepsa en Ceuta y Melilla y en las Islas Baleares, salvo Mallorca, y a Disa en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. 

Las citadas limitaciones figuran en una resolución publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en la que se limita además el crecimiento cuantitativo de Repsol en tres islas. 

Esta medida, sin embargo, carece del mínimo respaldo en el sector. Rafael Pizarro, vicepresidente de la Agrupación de Vendedores al por Menor y Combustibles de Castilla y León (Avecal), pone voz a este rechazo frontal y tilda la decisión de «efectista» y sobre todo «perjudicial para las estaciones de servicio y para los consumidores». Considera que es una maniobra que no beneficia a nadie y sospecha que solo sirve para «aparentar» que el Gobierno pone límites a las petroleras. 

En este sentido, Pizarro desmonta con contundencia el principal argumento con el que Industria defiende esta prohibición: impedir un monopolio. «Tendríamos un problema si esta presencia se tradujera en que la operadora en cuestión fija el precio pero esto no es así. Solo en la provincia de Burgos hay grandes diferencias entre las propias estaciones de Repsol por lo que el razonamiento carece de sentido», explica, para lamentar que esta medida «penaliza al que lo hace bien». 

El vicepresidente de Avecal tiene muy claro que, además de la propia compañía que ve limitado su crecimiento, quienes van a sufrir los efectos secundarios de esta resolución son los vendedores de carburante y, en consecuencia, sus clientes. Y es que a su juicio este veto limita a los titulares de las gasolineras la capacidad de negociación con las operadoras que les surten, con las que rubrican contratos con una validez de dos años como máximo por ley, «algo que ya es en sí mismo nocivo pues repercute en el margen de beneficio a acordar y en la inversión que la compañía hace en las instalaciones al ser un periodo tan pequeño», añade, para recordar que «en el resto de Europa el plazo mínimo es de cinco años». 

Los otros grandes afectados, según Pizarro, son los habitantes de zonas menos accesibles o poco transitadas. «A ellas solo acuden estas grandes operadoras porque pueden permitírselo. En muchos casos les compensa estar presentes aunque la ganancia económica sea mínima», recuerda y señala que «si se impide crecer a las grandes estos puntos se quedan sin servicio». 

Así, el representante de la Agrupación de Vendedores al por Menor y Combustibles de Castilla y León concluye que lo único que consigue la Administración es perjudicar a todas las partes. 

«Es el mundo al revés», sentencia y advierte que si bien hasta la fecha la línea roja estaba fijada en el 30% de las estaciones de servicio de cada provincia, «a partir del 1 de enero la normativa cambia y vetará la expansión de aquellas que superen el 25% del número de litros vendidos». El cambio, lejos de ser baladí, dibuja un escenario «todavía peor». «Es otra pirueta más sin sentido alguno», critica y afirma que el Ministerio de Industria conoce el malestar del sector en esta materia. 

Junto a Burgos, las provincias en las que Repsol no podrá crecer son Albacete, Alicante, Asturias, Ávila, Baleares, Cáceres, Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Girona, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, León, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense y Palencia. Tampoco podrá sumar nuevas estaciones de servicio en Pontevedra, La Rioja, Salamanca, Segovia, Soria, Tarragona, Valladolid, Vizcaya, Zamora y Zaragoza. A diferencia del año pasado, la compañía sí podrá crecer en la provincia de Barcelona. 

En todo caso, la norma permite a los operadores renovar los contratos preexistentes aun cuando con ello superen la cuota de mercado establecida como tope.