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El "centimazo" obliga a devolver 75 millones a los burgaleses

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Ni siquiera la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaró a finales del mes pasado ilegal el cobro del céntimo sanitario, ha dejado tranquilos a quienes esperan que el Gobierno les devuelva lo que nunca, al menos de la forma que lo hicieron, les debieron exigir. La Agrupación de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles de Castilla y León (Avecal) ha hecho sus cuentas, partiendo «de datos oficiales», para concluir que en la provincia de Burgos la administración ingresó 75 millones de euros por este concepto que ahora debería devolver.
El vicepresidente y portavoz de Avecal, Rafael Pizarro, explicó que estos cálculos, que incluso define como realizados «a la baja», son el resultado de contabilizar lo que ha aportado el ‘centimazo’ a las arcas públicas entre los años 2010 y 2012. Todo ello, después de que hayan prescrito las cantidades comprendidas desde 2002, hasta esa fecha. En estos supuestos, solo tendrían opción de recuperar algo quienes hubieran reclamado durante ese periodo.
Lo cobrado a partir de 2013 tampoco se podrá exigir ya que a partir de ese momento el céntimo sanitario se incluyó en el impuesto Especial sobe Hidrocarburos. «Cambiaron el collar al perro. Será legal, pero sigue siendo igual de injusto», reprochó Pizarro.
Los números de Avecal, que reparten la deuda en 53,75 millones por el impuesto nacional (entre 2010 y 2012) y en 21,25 del regional (durante 10 meses de 2012) , parten de que en las estaciones de servicio de Burgos se ha vendido «al menos el 25%» del combustible de toda Castilla y León. Una provincia que se diferencia del resto por «su situación estratégica como encrucijada de caminos» (recuerda los flujos desde Madrid y Portugal) y por la amplitud de su territorio (una de las superficies más grandes de España).
Habida cuenta de que en Castilla y León Avecal estima que se deberían devolver 300 millones de euros (215 del impuesto estatal más 85 del regional) a Burgos, tanto a los autóctonos como a los venidos de fuera que han repostado en la provincia, le corresponden una cuarta parte.
Sobre las dudas que existen sobre las facilidades que se pondrán a la hora de recuperar el dinero, Pizarro exigió que no se pongan grandes trabas y recordó que los que han pagado en metálico no podrán exigir nunca la devolución de ese dinero.
Si bien la cantidad que finalmente se reintegre será muy inferior a esos 75 millones de euros que se han recaudado ilegalmente (al margen de lo prescrito), lamentó que el dinero, «no nos engañemos, al final saldrá del bolsillo de todos los españoles». El vicepresidente de Avecal criticó este mal ejemplo al pensar en las administraciones que «hicieron bien las cosas», que no se sumaron a la moda del ‘centimazo’, y a las que «se les habrá quedado cara de póquer porque ahora la juerga la paga papá Estado».

PERJUDICADOS

Mientras estas cuentas se arreglan, recordó el daño que este impuesto sigue causando en Burgos y en Castilla y León con una nueva caída en la venta de combustibles durante el pasado mes de enero, en comparación con el mismo periodo de 2011, del 31% y del 23,71% respectivamente. Esto, mientras «en Álava han subido más de un 30%».
Estableciendo un ránking sobre los más perjudicados por la aplicación de este impuesto, Pizarro puso en primer lugar a las estaciones de servicio ya que desde la entrada en vigor del centimazo se han cerrado 12 en Burgos y en Castilla y León se ha pasado de las 771 que había en octubre de 2012 a las 741 que hay ahora. Unos datos que poco tienen que ver, según denunció, con los que aportó la consejera de Economía, Pilar del Olmo, quien afirmó que se había pasado de 526 a 532.
En el segundo peldaño de los damnificados situó a los transportistas y en el tercero a las empresas sea cual sea el sector que se analice. A modo de ejemplo señaló que el encarecimiento del combustible hace que no sea igual de competitivo un vino de La Rioja que uno de La Ribera del Duero ya que al final, como ocurre con la electricidad, ese gravamen repercute en el precio del producto. La lista de perjudicados, aunque no por ello agraciados, la cierra los ciudadanos.

 

Fuente: Diario de Burgos