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Los vendedores de carburantes alertan de la pérdida de clientes en CyL


Los propietarios de Estaciones de Servicio de Castilla y León han alertado hoy sobre las consecuencias que tendrá para el sector el cambio de hábitos que en su opinión ha provocado entre los usuarios el cobro del denominado 'céntimo sanitario' -4,8 céntimos por cada litro de gasolina repostado-.

El presidente de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles, Rafael Pizarro, ha asegurado en una rueda de prensa que el verdadero problema al que se enfrentan no es lo que puedan dejar de recaudar durante meses, sino que los clientes que ya no van a recuperar, porque han dejado de programar sus paradas en la Comunidad.
"El mayor daño de todos, el problema real, ha sido que se han cambiado los hábitos, transportistas y familias que paraban en Castilla y León, no paran", ha señalado, "han cambiado sus costumbres", y ha añadido que "pasarán muchos años" para recuperarlas.

Pizarro ha apuntado los datos de venta de carburantes del mes de marzo, -los últimos oficiales que se conocen-, que constatan una bajada de ventas en Castilla y León del 22%, una reducción que, en la provincia de Burgos llega al 29,7%, y un descenso de entre 8 y 9 millones de euros en los ingresos de la Junta de Castilla y León en comparación al mismo mes del pasado año.

El presidente ha considerado que las cifras a la mala gestión de los responsables de la Junta, "no es cuestión de dar el brazo a torcer, sino de sentido común, ya que, tal y como están las cosas en España, es muy difícil que haya un equilibrio porque cada comunidad autónoma va a su bola", ha señalado.

Los empresarios de estaciones de servicio han reiterado su petición de entrevistarse con los responsables de la Junta de Castilla y León para explicarles la situación, ya que "este sector es diferente".

Pizarro ha explicado que este tipo de actuaciones no se producirían si se exigieran responsabilidades a los representantes públicos, "les sale gratis porque nosotros entendemos que la gestión pública tenía que ser como la privada con responsabilidades sociales y penales".